Asistencia social, derechos políticos y nación en el siglo XIX

Mucho antes de que se desarrollaran los estados de bienestar, Europa ya debatió ampliamente cómo aminorar los efectos de la pobreza, qué iniciativas debía tomar el estado y qué debían hacer la iniciativa privada. En la Cataluña de la primera mitad del siglo XIX surgieron dos potentes proyectos reformistas, uno democrático y otro antidemocrático. El proyecto reformista democrático aunaba reformas sociales, la concesión de ciertos derechos políticos a los pobres y un concepto político de nación. El proyecto reformista antidemocrático, por contra, estaba de acuerdo con algunas reformas sociales, pero negaba todo derecho político a las clases populares y confiaba en un concepto de nación culturalista y organicista para construir el consenso en la sociedad del liberalismo. De estos proyectos, de su relación con el Estado y de cómo integraban el pasado catalán en sus proyectos de nación española, es de lo que hablo en el artículo:

Genís Barnosell, “¿Un reformismo imposible? Organización obrera y política interclasista (Cataluña, 1820-1856)”, en S.Calatayud, J.Millán y M.C.Romeo, eds. Estado y periferias en la España del siglo XIX, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009, pp.217-262.

Aquí podéis leer las conclusiones (pp.260-262) (a excepción de las notas a pie de página):

Erosionadas las formas de consenso propias del Antiguo Régimen, el “pueblo” devino una fuente de preocupación fundamental para las nuevas élites. Ciertamente, las formas de aproximación a su problemática eran múltiples y diversas, y la propia polisemia del término, heredada del siglo XVIII, muestra como el “pueblo” tanto podía ser el mito fuente de toda soberanía, como “turba” incontrolable o “verdadero pueblo”, paciente, trabajador y resignado. En este proceso, las élites urbanas idealizaron al pueblo rural, mientras las clases populares urbanas eran vistas frecuentemente como viciosas, revolucionarias y, por ende, ingobernables. De ahí que, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, el naciente folklorismo fuera en gran parte el intento de apropiación por parte de las élites urbanas de determinadas características de la cultura de las clases populares para definir lo que supuestamente era el “verdadero pueblo” y ofrecerlo como modelo al pueblo real de las ciudades -o, como mínimo, para consolarse con mundos aparentemente apacibles que permitieran evadirse de las consecuencias sociales y culturales que se derivaban de la ciudad industrial. Esta apropiación de la cultura popular no dejaba de ser sino una pieza más del proceso mucho más complejo de construcción de una comunidad nacional que debía establecer un nuevo marco de consenso que subordinara los posibles conflictos existentes entre sus miembros, a través de la invención y/o drástica relectura de la historia de la comunidad y de sus símbolos, y de su posterior difusión a través de medios tan diversos como la escuela, el ejército o la música “popular”. Siempre en el contexto de unos proyectos nacionales españoles, el deseo de estabilidad y orden social fue un elemento fundamental para la valoración positiva que de las tradiciones y del pasado catalán idealizado hicieran los conservadores -como hemos visto en Mañé y Flaquer. No puede decirse, sin embargo, que el uso político de este pasado tuviera sólo motivaciones conservadoras. Era, al contrario, patrimonio tanto de moderados como de progresistas y radicales, que lo integraban en sus proyectos políticos y sociales a partir de lecturas bien distintas: modelo de estabilidad social para unos; modelo de libertad para otros -mientras que en el lenguaje sindical las referencias al pasado catalán aparecerán sólo en la década de 1860 a pesar de compartir con anterioridad la visión progresista de las relaciones entre Catalunya y España. Así, los proyectos de nación se relacionaban estrechamente con los diversos modelos de sociedad, de ahí, que, desde la década de 1840, se construyera, por un lado, un modelo de integración subordinada de las clases populares que aunaba valores conservadores y religiosos, una concepción culturalista y organicista de la nación y un modelo antidemocrático de reformismo social, y, por otro lado, un modelo de integración relativamente activa de estos sectores, que aunaba una concepción más política de la nación y un modelo democrático de reformismo social.

Ante estos proyectos, es evidente que los sucesivos gobiernos españoles no estuvieron nunca dispuestos a gestionar la “cuestión obrera” a través de mecanismos de concertación social, como no estaban dispuestas a hacerlo de forma compleja con ninguna cuestión que antes pudiera ser entendida como de orden público. De ahí que las medidas de reformismo social que impulsaran fueran muy reducidas. Las élites catalanas, sin embargo, a excepción de algunos grupos progresistas, tampoco estaban dispuestas a ir mucho más allá. A corto plazo, optaron claramente por la represión, y los proyectos reformistas antidemocráticos que en algunos momentos defendieron con notable energía se creyeron satisfechos con los rudimentos de asistencia social que se construyeron en la España liberal. La concertación social a través de la negociación con los trabajadores nunca fue una opción por la que apostar de forma seria y permanente, y mucho menos si los trabajadores estaban organizados. Pero las escasas concesiones a las que estaban dispuestos, ni podían satisfacer a los defensores del potente proyecto reformista democrático ni podían hacer mucho para suavizar la tensión social de las ciudades catalanas. Algunos, como el Mañé de los textos de “Cataluña”, orientaron entonces sus esperanzas hacia los elementos más inmateriales de sus proyectos de consenso social (presentes, por otra parte, desde el primer momento), como la religión o los valores idealizados de la región. Pero ni la “moralización” ni este tímido reformismo fueron capaces de garantizar el orden social tal y como estas élites lo entendían, y mucho menos cuando, a partir de 1848, los fantasmas del socialismo y del comunismo vinieron a reforzar las múltiples amenazas que, en forma de bullangas, revueltas carlistas, republicanismo o lucha sindical, habían poblado su imaginario social desde los años treinta. En este proceso, las élites catalanas se desesperaron una y otra vez ante un estado que se demostraba enormemente inhábil para conjurar tales amenazas. Pero no porque el estado rechazara formas complejas de concertación social que ellos propugnaran, sino porque no sólo no cumplía adecuadamente una de les pocas tareas que debía cumplir todo estado liberal como era mantener el orden público, sino porque era demasiado centralista como para consensuar con una élite regional el uso del monopolio de la violencia y porque cuando proyectaba medidas “sociales” lo hacía de forma excesivamente intervencionista para el liberalismo de esta burguesía. Desde este punto de vista la política social fue, efectivamente, una de las causas del deterioro de relaciones entre los patricios catalanes y el estado moderado.

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Historiador; professor d'institut, col·laborador de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i de L'Avenç
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