Garzón i els desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme (1)

Desembre de 2006 – setembre de 2008. Associacions de recuperació de la memòria històrica i particulars presenten denúncies a l’Audiència Nacional per tal que s’investiguin els desapareguts causats per la repressió franquista.

Setembre de 2008, el jutge Garzón, jutge de l’Audiència Nacional, demana informació al Govern, a la Conferència Episcopal, diversos ajuntaments i a la Universitat de Granada per elaborar un cens dels desapareguts en la Guerra Civil i el Franquisme i decidir si és competent per a investigar aquestes desaparicions. A finals de mes amplia la seva demanda a altres institucions: tribunals republicans, associacions de familiars de desapareguts, l’abat del Valle de los Caídos, i als Arxius generals de Segovia, Ávila, militar de Guadalajara i als Tribunals Militars Territorials. A finals de mes, el jutge rep una llista de 143.353 desapareguts (xifra en la qual pot haver-hi repeticions) presentada per onze associacions de memòria històrica, la CGT i diversos particulars.

Octubre de 2008: el jutge Garzón es declara competent per investigar els crims del franquisme. En la seva resolució judicial, segons explicava el diari El País (16/10/2008), el jutge argumentava que

el caso es competencia de la Audiencia Nacional al estar implicadas personas relacionadas con altas instituciones del Estado, entre ellas el dictador Francisco Franco Bahamonde y otros 34 acusados, en desapariciones ilegales, dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón argumenta que éste delito permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy al no haberse dado razón del paradero de cada uno de los desaparecidos. Sin embargo, al estar todos los 35 acusados fallecidos, el juez anticipa la extinción de la responsabilidad penal de los autores, lo que supondrá que el caso pasará de la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales correspondientes.

En el auto especifica que “los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado”.

También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento.

L’acceptació es feia malgrat assenyalar diversos matisos remarcables:

En segundo lugar, debe resaltarse que la acción de la justicia y, por ende la de este Juzgado Central de Instrucción, se produce con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase, y, sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos por tales circunstancias.

Desde luego, con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que ello supondría la formación de una especie de causa general. Causa general que sí se formó, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, recién acabada la guerra y que tuvo por misión abrir, desarrollar y concluir una exhaustiva y minuciosa investigación de carácter judicial a escala nacional que analizó lo ocurrido en cada localidad entre Febrero de 1936, e incluso en algunas casos desde Octubre de 1934, hasta la finalización de la ocupación, y, que documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del llamado “terror rojo”. El propósito de estas Diligencias es mucho más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas, sin despreciar todos y cada uno de los datos e información que ayuden a formar la convicción sobre los hechos denunciados.

Un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 1939, tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952.

Octubre 2008. La Fiscalia recorre la resolució de Garzón, argumentant que l’AN no és competent per investigar el cas ja que es tracta de delictes comuns i no de crims contra la Humanitat, i que, per tant, són competents els jutjats territorials. En segon lloc, argumenta que els drets de les víctimes, pel que fa a localització i possible exhumació de fosses comunes, queda garantida per la Llei de la Memòria Històrica.

Novembre 2008. Garzón declara extingida la responsabilitat penal de Francisco Franco i d’altres responsables de la dictadura, i s’inhibeix a favor dels jutjats d’instrucció on hi hagi fosses identificades. Amb tot, afirma que “España está obligada, y muy particularmente el Ministerio Fiscal” a investigar els crims del Franquisme i que l’estat ha de “tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad” [com els del Franquisme].

Algunes reaccions.

El País va preguntar a diversos historiadors sobre el tema (9/9/2008). Heus aquí un extracte de les seves respostes:

Paul Preston. Necesario para la reconciliación. Está gratamente sorprendido por la iniciativa del juez aunque lamenta que llegue “tan tarde” (…) El olvido no es la reconciliación. Para que se reduzca la crispación política se tiene que saber la verdad de lo que pasó. Sólo sabiendo eso se puede pasar la página”. Opina que hay “enormes dificultades” para complacer a Garzón (…) Preguntado por hasta dónde cree que puede llegar la investigación, responde: “Pedir responsabilidades penales no está en la mente de las asociaciones, ni creo en la de Garzón, porque la mayoría de los verdugos han muerto y porque plantearía muchos problemas jurídicos al entrar en conflicto con la Ley de Amnistía de 1977”.

Julián Casanova. Retribución moral. (…) La iniciativa de Garzón es “la búsqueda de la verdad sobre un pasado oculto durante décadas” y una fórmula para “reparar una injusticia histórica” que deberían haber resuelto “mucho antes” los poderes políticos. Opina que “va a ser imposible” conseguir un censo completo de desaparecidos, pero cree que la petición del juez abre la posibilidad a que las instituciones que hasta ahora no han colaborado en las investigaciones, como la Iglesia, empiecen a hacerlo. Cree que debería crearse una Comisión Nacional sobre desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura que se dedique a “reunir la información ya elaborada y organizar una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados” y opina que en España (…) lo que se pide “no es justicia punitiva, de castigo a los culpables, sino una justicia correctiva, de retribución moral y política a las víctimas y sus familiares”, algo que “ya se hizo después de la Guerra Civil con todos los asesinados del bando republicano”.

José Álvarez Junco. Fin a la hipocresía. Cree que la iniciativa de Garzón es precisamente lo que pretendía la Ley de Memoria, es decir, “colaborar con los descendientes de las víctimas y con las asociaciones interesadas en la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil”, pero la apoya. (…) Considera “especialmente importante” que los responsables de los archivos se vean “en la obligación de proporcionar los datos en su poder” después de que los historiadores hayan tropezado a veces “con la mala fe” de quienes tienen a cargo esos fondos y otras veces con la “precariedad y la mala organización” de los mismos. (…) “De lo que se trata”, explica, es de “dar una reparación moral a los descendientes de las víctimas” (…).

Borja de Riquer. Un proceso político. “No creo en un proceso de este tipo en el ámbito judicial, pero sí en el político y además me parece lamentable que aún no se haya hecho. Garzón está supliendo una carencia del poder político”, explica este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cree que lo que pide Garzón corresponde a “la aplicación estricta de la Ley de Memoria” y coincide con sus colegas en las “dificultades técnicas” para elaborar el censo, que podría llevar “un par de años”. Para él, la postura del juez podría servir para indagar en archivos menos accesibles hasta ahora, como los que afectan a las fuerzas de orden público.

Sisinio Pérez Garzón. Empuje final. “Es una iniciativa para empujar el cierre de heridas aún existentes y me parece bien que se haga a través de los jueces, un poder independiente”.

En altres mitjans, les reaccions van ser molt més crítiques: editorial de El Mundo, 2/9/2008.

La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931. La Causa General de Franco fue, sobre todo, un acto propagandístico para intimidar a los vencidos. Es difícil saber qué se propone Garzón, pero todo indica que intenta recuperar el protagonismo perdido en los medios de comunicación.

Ni que decir tiene que estamos ante una iniciativa truculenta sin ninguna posibilidad de prosperar. En primer lugar, porque Garzón no es competente para investigar estos crímenes. Y, en segundo lugar, porque la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en octubre de 1977, ponía punto y final a cualquier tipo de responsabilidad penal por delitos políticos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976, fueran de la gravedad que fueran. Así se lo ha recordado un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, la investigación de esas desapariciones exigiría ingentes recursos humanos y materiales, de los que el sistema judicial no dispone.

A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales.

Vistes les coses, sembla clar que la “investigació” de Garzón no va aportar dades noves, però sí que va donar una enorme publicitat al tema, i es va generalitzar la idea de la tremenda repressió existent en la Guerra Civil i el Franquisme.

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Quant a gbarnosell

Historiador; professor d'institut, col·laborador de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i de L'Avenç
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