La revisió del procés a Lluís Companys

Avui que es compleixen 70 anys de l’afusellament de Lluís Companys, és bo repassar com està el tema de la revisió del procés al President de la Generalitat de Catalunya.

Davant les demandes per revisar el procés i anul·lar-lo, el Congrés dels Diputats ha refusat recentment d’iniciar cap reforma legal encaminada a aquesta finalitat. Van coincidir en aquesta votació PSOE i PP, si bé amb arguments diferents. Per al PSOE, el ministre de justícia Francisco Caamaño, va declarar que

la petición de anulación de juicios es un “imposible jurídico” porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas.

“La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos”, explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales (Europa Press, 14/9/2010)

Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys

Per al PP,

El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado “con mucha claridad” ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las “preocupaciones” de la inmensa mayoría de los españoles.

Tras recordar los juicios “no precisamente benévolos” que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia (Europa Press, 14/9/2010)

Els arguments utilitzats pel PSOE són els mateixos que va usar el Fiscal General de l’estat per anul·lar per decret la sentència i no instar-ne, en canvi, la revisió:

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha resuelto por decreto que la sentencia que condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluís Companys y le impuso la confiscación de sus bienes y la pérdida de la nacionalidad española es “inexistente y nula de pleno derecho”.

Conde-Pumpido se apoya en la ley de la memoria histórica del 2007 para declarar la “ilegitimidad de los tribunales de responsabilidades políticas y los consejos de guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa”, y por tanto, todas sus resoluciones.

Así anula las dos sentencias por “vicio de forma y fondo” porque los tribunales fueron constituidos “con olvido de las más elementales garantías del derecho a un juez imparcial y a un proceso justo”.

Como no reconoce ni el tribunal ni la sentencia, considera que es “legalmente improcedente” la revisión judicial ante el Supremo que reclamaba la Generalitat.

El fiscal general del Estado da por válidos los argumentos presentados hace una semana por la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo, su máximo órgano asesor, que rechazaba ya en un informe previo la petición del Govern de revisar la sentencia después de considerar, por primera vez, que a través de la citada ley se consideraba nulo el juicio sumarísimo de un consejo de guerra franquista (El Periódico, 6/4/2010)

No és per tant, que l’estat espanyol no hagi fet res per anul·lar, declarar nul·la, revisar o quelcom semblant, la sentència, sinó que el que es discuteix és si el que ha fet és o no és suficient. En aquest sentit, al costat d’opinions que consideren que sí que ho és (per exemple, el president Montilla, segons declaracions recollides per Europa Press el 25/3/2010, en fer-se pública la decisió de la Junta de Fiscals de Sala del Tribunal Suprem), n’hi ha d’altres que consideren que no ho és. Entre elles, Carlos Jiménez Villarejo:

El Govern de Catalunya instó al fiscal general del Estado a interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para obtener la nulidad formal de la sentencia dictada por el consejo de guerra que condenó a muerte y fusiló al president Lluís Companys. El fiscal general lo ha rechazado, omitiendo el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 961 de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) de plantear el recurso de revisión de dicha sentencia. Evidentemente, de conformidad con la ley 52/2007, llamada de la memoria histórica, era tan «ilegítima, por vicios de forma y fondo», como todas las dictadas por los consejos de guerra y demás tribunales franquistas, también «ilegítimos». Porque el consejo de guerra que condenó al president era «contrario a Derecho» y vulneraba «las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo».

Estas declaraciones fueron las principales conquistas de dicha ley, en cuanto representaban la condena y descalificación del aparato represor de la dictadura. Pero también sabíamos que faltaba un camino por recorrer, el que tenía que emprender el fiscal general del Estado para plantear y conseguir la declaración de nulidad expresa de todas y cada una de las sentencias radicalmente injustas dictadas por aquellos tribunales fascistas. Cabía esperar que el fiscal general constituyese una fiscalía especializada a dichos fines para garantizar la reparación de las víctimas de la dictadura.
Pero lo que no es admisible es que ante una petición formal de una descendiente de Companys y del Govern, el fiscal se limite a reiterar lo que ya dice la ley y mantenga que, de acuerdo con ella, la sentencia es «nula de pleno derecho» y que, por tanto, carece de objeto su revisión. No pasa de ser una opinión cualificada. Pero, evidentemente, no basta. Por ello, la Lecrim ha previsto un procedimiento, el recurso de revisión ante el Supremo, para acreditar, ante la concurrencia de «hechos nuevos», la «inocencia» del condenado y anular la sentencia que lo condenó injustamente. El fiscal no puede sustituir el pronunciamiento de un tribunal y con su decisión no puede entenderse «jurídicamente inexistente» la sentencia condenatoria del president al carecer de legitimidad para acordar una decisión de ese alcance, que está reservada al Supremo (El Periódico, 5/4/2010)

Des d’una perspectiva molt diferent, el diari El Mundo, en parlar de la revisió del procés del poeta Miguel Hernández, també considera que

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el órgano competente para conocer el recurso de revisión y para declarar la nulidad de la sentencia impugnada es el Tribunal Supremo (El Mundo, 31/10/2009)

En definitiva, jo diria que el que tenim fins ara és una anul·lació simbòlica, no pas una estricta anul·lació jurídica.

Trobareu una anàlisi jurídica de la sentència a Companys al volum 1 dels Quaderns del Memorial Democràtic (pp.23-33), deguda a Carlos Jiménez Villarejo, “El proceso militar contra el President Companys. Un paradigma de barbarie”.

Cal recordar que la dita Llei de Memòria històrica, en el seu article tercer assenyala:

Artículo 3. Declaración de ilegitimidad.

  1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.
  2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.
  3. Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.
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Quant a gbarnosell

Historiador; professor d'institut, col·laborador de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i de L'Avenç
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Una resposta a La revisió del procés a Lluís Companys

  1. Retroenllaç: Lluís Companys (1882-1940): breu assaig de biografia i de memòria històrica | Història! Bloc de Genís Barnosell

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